Acuerdo contra la okupación de fascistas en Tetuán

El pasado Pleno de la Junta de Tetuán rechazó la okupación de fascistas en Tetuán. Con el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, el pleno se saldó con la aprobación de una petición al juez para el inminente desalojo de la casa okupa «Hogar Social Ramiro Ledesma».

Aquí Tetuán, 18.09.2014

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Pleno de Tetuán celebrado el 17 de septiembre de 2014. Foto: Junta de Tetuán

En el Pleno de Tetuán, celebrado el miércoles 17 de septiembre, se aprobó por unanimidad una declaración institucional contra la okupación del Hogar Social Ramiro Ledesma por «vulnerar la convivencia pacífica en el barrio».

El pleno de Tetuán ratificó una declaración formal de repudio al “comportamiento racista, xenófobo y discriminatorio” del autodenominado Hogar Social Ramiro Ledesma, de ideología fascista, asentado recientemente en el distrito.

Según leyeron en el Pleno, dicho centro okupado «vulnera la convivencia pacífica, y los valores de tolerancia y respeto a la multiculturalidad que siempre han prevalecido en Tetuán y constituyen, además, uno de los mejores rasgos de identidad de este distrito”.

Sobre la casa okupa pende ahora una orden de desalojo que se hará efectiva en las próximas 48 horas.

Rechazo a la okupación de los fascistas en Tetuán por todos los partidos

El pronunciamiento, consensuado y apoyado por todos los grupos políticos municipales, es la respuesta institucional del distrito al clima de tensión y a los episodios violentos acaecidos desde mediados de agosto alrededor de un edificio industrial okupado en los números 11 y 13 de Juan de Olías, por parte del este grupo perteneciente al MSR (Movimiento Social Republicano).

El texto hace constar también el “rechazo incondicional a toda expresión de violencia, cualquiera que sea su origen o presunta justificación”.

La concejala de Tetuán, García Romero, ha querido agradecer desde el pleno al juez del caso, titular de Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, la rapidez en los trámites.

Asimismo, ha agradecido la “vigilancia eficaz y constante” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la Policía Nacional, secundada por la Policía Municipal, y «la diligencia que han mostrado al denunciar la ocupación los propietarios del edificio”, el Centro Cultural Hispano-Chino S.L.

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